Bolivia-COMSUR
	Proyecto Don Mario es una mina pequeña, donde la operación subterránea se combina con la explotación a cielo abierto. Pertenece a Empresa Minera Paititi, S.A., filial de Orvana Minerals Corporation, de la que Compañía Minera del Sur (COMSUR) posee acciones y en la cual ha invertido. COMSUR es una empresa mediana de Bolivia dedicada a la extracción de varios metales, de capital privado, fundada en 1962 y de propiedad plena de Minera S.A., sociedad de cartera constituida en Panamá.   Interés de la CFI La CFI participa en COMSUR desde hace más de 17 años y considera que su inversión es de importancia crítica para el desarrollo del sector privado boliviano y el fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental y social en el sector de los minerales. La participación de la CFI en el capital de COMSUR es del 11%. Contexto ambiental y social   El Bosque Chiquitano, un bosque seco tropical boliviano, está atravesado desde hace una década por gasoductos que transportan gas para exportación. Si bien su tendido trajo aparejados algunos beneficios sociales secundarios, como la instalación de torres de agua en comunidades cercanas, los pobladores de la zona carecen de gas a precios accesibles. Esta situación provoca un profundo resentimiento, origen de gran parte de la agitación política que vive Bolivia hoy en día, en momentos en que los bolivianos estudian la posibilidad de explotar otros yacimientos gasíferos en el sur del país.   Las comunidades del Bosque Chiquitano han presenciado el desarrollo en gran escala de industrias extractivas y han participado, en distinta medida, en consultas acerca del gasoducto de Cuiaba y la creación de un fondo social. Debido a las demoras y la incertidumbre respecto del funcionamiento de este fondo, las comunidades miran con desconfianza y escepticismo las promesas formuladas por el gobierno o las grandes empresas industriales.   El Bosque Seco Chiquitano es un ecosistema raro que conforma, junto con el Pantanal, un importante corredor de biodiversidad en la región. Bordea el Pantanal, área controlada con sitios de importancia mundial, como lo demuestra su inclusión en la lista de sitios Ramsar en 2001. La actividad minera dentro de zonas protegidas y alrededor de ellas es tema de debate desde hace muchos años, especialmente en Bolivia respecto de la explotación de las reservas de gas natural. La mina está situada fuera de la zona de amortiguación de 7km del área de manejo del Pantanal. Reclamación La reclamación fue presentada por la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), una organización no gubernamental (ONG) integrada por representantes de comunidades del Bosque Chiquitano.   En la reclamación se alegan varias cuestiones, las principales de las cuales son las siguientes:   Que durante la ejecución y el desarrollo del proyecto minero Don Mario no se prestó suficiente atención al valor ecológico y la fragilidad de los ecosistemas, por lo cual el estudio de impacto ambiental fue irregular; Que no se consultó debidamente a los pueblos indígenas de la zona del proyecto, ni se les suministró información suficiente; que no se trazó ningún plan para el avance de los pueblos indígenas, y que no se otorgaron indemnizaciones por los efectos del proyecto, a pesar de las numerosas objeciones planteadas, y Que se infringieron los derechos de los pueblos indígenas protegidos por el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley del Medio Ambiente de Bolivia, y que no se aplicaron las normas del Banco Mundial contenidas en las directrices OD 4.20 (Pueblos indígenas), OD 4.00 (Política ambiental para proyectos de presas y embalses) y OD 13.05 (Supervisión de proyectos).     Medidas adoptadas por la CAO En julio de 2003, como respuesta a la reclamación presentada por la CPESC, la CAO, en calidad de ombudsman, llevó a cabo una investigación y dispuso que se realizara un examen independiente de COMSUR, a fin de evaluar la capacidad de la empresa de realizar una gestión eficaz de los aspectos sociales y ambientales de sus operaciones. La CAO trasladó entonces la reclamación de su función de ombudsman a su función de observancia.   Además de desplazar la reclamación a su función de observancia, la CAO formuló las siguientes recomendaciones en su carácter de ombudsman:   La CAO aconsejó a la CFI que ideara formas creativas de estructurar financiamiento para proyectos futuros que permitieran invertir en mejorar la capacidad de gestión y que se cerciorara de que COMSUR contara con capital de trabajo suficiente para efectuar las inversiones necesarias en infraestructura social; La CFI debería respaldar a COMSUR con el aporte de especialistas y para ello debería movilizar a los servicios de financiamiento y fondos fiduciarios existentes para proveer personal para adscripción, intercambio o actividades de capacitación, o bien analizar otras posibilidades; El caso de COMSUR debería considerarse un caso de prueba del ingenio que debe desplegar la CFI para cumplir su compromiso institucional con la sostenibilidad; Parte de las actividades de desarrollo de la capacidad de COMSUR deberían orientarse a reforzar su disposición para intervenir, junto con agentes sociales, especialmente ONG, en consultas y relaciones con la comunidad y en procesos amplios de planificación del desarrollo ambiental y social, y, en ocasiones, para iniciar unas y otros; Debería llevarse a cabo una auditoría básica independiente, cuyos resultados la CFI y COMSUR deberían tener en cuenta en futuras actividades de planificación e inversión; En consonancia con el proceso de revisión en curso en el Banco Mundial, la CFI debería aclarar cómo interpretará y respetará la intención del Convenio Nº 169 de la OIT mediante la formulación de una política de la CFI sobre poblaciones indígenas y mediante otros conceptos del marco de sostenibilidad que se refieren a los derechos humanos y las poblaciones indígenas; y La política sobre hábitats naturales debería examinarse a la luz de las prácticas óptimas indicadas en las evaluaciones de la biodiversidad.     Estado actual La auditoría de la observancia de las normas pertinentes recomendada por la ombudsman se terminó y publicó en junio de 2004. El informe de evaluación completo se encuentra en la página de Observancia, Bolivia-COMSUR. La reclamación se cerró el 2 de mayo de 2005.   Recepción Evaluación inicial Evaluación Conciliación, mediación, arreglo, control y seguimiento 5 días 15 días 30-90 días Control continuo   Acuse de recibo: 3 de julio de 2003 Aceptación: 3 de julio de 2003 Conclusión del Informe final: noviembre de 2003 2 de mayo de 2005   Documentos
	03/7/2006